La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas propone en su objetivo 11 alcanzar el desarrollo de ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. También plantea en su objetivo 5, entre otras acciones, la necesidad de conocer las desigualdades y fomentar planes de actuación para lograr la igualdad de género (Moran y Díaz, 2020).
El tema del género es complejo; ello queda de manifiesto en la evolución que ha tenido el concepto de sexo hacia el género (Haig, 2004). Son el antecedente los estudios de intersexo de John Money, lo que cimentó la discusión entre sexo y género (Money et al., 1955). En 2015, la American Psychological Association (APA) define el sexo y el género como dos variables diferentes (VandenBos, 2015): El sexo se refiere a los rasgos físicos y biológicos que hacen diferentes a los hombres y las mujeres, y el género se refiere a los aspectos de comportamiento, sociales y culturales, que se consideran propios de los hombres y las mujeres; es decir, la masculinidad y la feminidad, respectivamente.
De la misma forma, los conceptos de masculinidad y feminidad han cambiado paulatinamente, ya que en sus inicios se consideraban opuestos y bipolares, (Fernández et al., 2007; López-Sáez y García-Dauder, 2020); en la evolución del siglo XX, muchos autores encontraron que la bipolaridad no era suficiente para explicar de manera clara lo complejo de la masculinidad y la feminidad (Fernández, 2011). En 1973 Constantinople planteó la idea de que la masculinidad y la feminidad podrían plantearse como dos dimensiones independientes (Mateo y Fernández, 1991; López-Sáez y García-Dauder, 2020). Fue entonces cuando los instrumentos de masculinidad y feminidad comenzaron a medir el comportamiento de la persona en relación con los roles de género masculinos y femeninos (Ward, 2000; López-Sáez y García-Dauder, 2020). Estos autores plantean que la masculinidad y la feminidad podrían ser constructos polifacéticos, de tal forma que un concepto multidimensional daría la oportunidad de investigar las dimensiones que conforman ambas variables. Esta conclusión fue aceptada y respaldada por diferentes autores de la época (Choi et al., 2006; Fernández et al., 2007).
En el presente estudio se establece denominar a hombres y mujeres a partir de la base del concepto de sexo, que hace referencia a los rasgos físicos y biológicos.
Con respecto al tema de la desigualdad, se observa que, a pesar de los objetivos y las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales, la desigualdad sigue presente en el mundo, y sobre todo en los países en vías de desarrollo. La desigualdad es una división social entre categorías sociales, tales como clases, géneros, razas, nacionalidades u otras, categorías que se constituyen a partir de relaciones de dominio, explotación y discriminación.
En un análisis profundo, la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL, 2016) pone sobre la mesa una propuesta de análisis donde se toman algunos factores de la desigualdad social que, según la explicación, tienen que ver o están relacionados con elementos de la producción caracterizada por una estructura heterogénea llena de situaciones de diferenciación productiva alta y de empleos de alta y baja productividad, y terminan con la conclusión de que el factor determinante para este fenómeno es el estrato económico al que pertenecen las mujeres y, por consiguiente el ingreso de ellas, además del género, y las condiciones étnico-raciales o territoriales, las cuales se cruzan entre sí y aumentan las desigualdades sociales de las mujeres.
En 2021 la CEPAL evidencia lo anterior, al observar que en la región de América Latina había una gran cantidad de empleos en sectores de productividad baja, que arrojan cifras de un 49.7% de empleos ubicados en sectores de baja productividad, los cuales se caracterizan por ingresos bajos, sin asistencia social, en la informalidad y, lo más importante, están compuestos en su mayoría por mujeres, jóvenes, indígenas y afrodescendientes. De esta forma, hay más probabilidad que las personas que viven en comunidades rurales enfrenten mayores problemas para desarrollarse y ejercer sus derechos que las personas que radiquen en zonas urbanas.
En el caso de las áreas rurales, algunos autores (Sánchez-Galán, 2020; García-Sandoval et al., 2020; Flores, 2021) han argumentado que en estas áreas persisten altos niveles de pobreza y carencias sociales, pérdidas reales en los ingresos salariales y precarización de las condiciones laborales.
En México y en América Latina, las mujeres que habitan comunidades rurales continúan enfrentando desigualdades políticas y estructurales que limitan, entre otras cosas, el reconocimiento y la valoración de las funciones laborales que desarrollan en sus propias comunidades. Además, enfrentan una limitada participación en la toma de decisiones y en la ejecución de programas de desarrollo rural, como, por ejemplo, el encontrarse con obstáculos para acceder a recursos financieros, servicios de salud, educación, justicia y vivienda, que deterioran el ejercicio de sus derechos fundamentales (Organización de los Estados Americanos y Comisión Interamericana de Mujeres, 2020).
Ante este panorama, el interés de los autores en el presente estudio es ahondar sobre la pregunta: ¿Cuáles son las características y cómo han evolucionado las condiciones socioeconómicas de las mujeres en las áreas de transición rural a urbana? El objetivo de esta investigación es conocer las características sociodemográficas, así como comparar las condiciones socioeconómicas de las mujeres y los hombres que viven en comunidades rurales en transición entre rural y urbano, a través de un indicador integrado.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020) considera como localidades urbanas aquellas que suman más de 2,500 habitantes. Las comunidades rurales se clasifican en seis niveles, según su población registrada: de 1 a 49, de 50 a 99, de 100 a 499, de 500 a 999, de 1,000 a 1,999, y de 2,000 a 2,499, por lo que las que pertenecen a este último nivel podrían ser consideradas como “localidades en transición” entre rural y urbana.
Sin embargo, hay pocos estudios que aborden el tema de las actividades socioeconómicas de las mujeres en áreas rurales, y muchos menos en áreas que transitan de lo rural a lo urbano. Por esta razón, se consideran las limitaciones de esta premisa de división dicotómica, que no considera toda la complejidad socioterritorial y la heterogeneidad de las comunidades y que, además, pasa por alto las diversas actividades que se practican en los hogares rurales, ya que el trabajo de la agricultura, en ocasiones, solo es una fuente más de sus ingresos (Soloaga, Plassot y Reyes, 2021).
Con respecto al tema de clasificar las localidades en el territorio, se considera que tiene implicaciones relevantes al momento de asignar y evaluar políticas públicas, en virtud de focalizar una población objetivo para la asignación de recursos. Por ejemplo, Chomitz, Buys y Thomas (2005), así como Dirven et al. (2011), argumentaron que, si se usan perspectivas que tienen que ver con lo político-administrativo y la cantidad de población para definir localidades urbanas y rurales, se puede incurrir en el error de subestimar a la población rural, creyendo, por los criterios anteriores, que se trata de la localidad más urbanizada de la región.
A través del tiempo, el sexo femenino ha tenido una función social importante en el desarrollo social de sus comunidades, al afrontar labores como la reproducción familiar, al mismo tiempo que hacerse cargo de la familia, los cuidados y el hogar, actividades que no son remuneradas y mucho menos reconocidas como productivas, pero son de vital importancia para el funcionamiento de la sociedad (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria [CEDRSSA], 2014). En la actualidad, también se suman esas labores conferidas culturalmente a las mujeres a otras, como parte de actividades económicas que aportan recursos al ingreso familiar. Autores como Droogleever y Karsten (1999) han estudiado la experiencia de las mujeres trabajadoras con hijos, y llegaron a la conclusión de que la ciudad compacta, de alta densidad y con usos mixtos, potencia la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, además de facilitar la combinación con sus tareas cotidianas, como los cuidados de hijos y adultos mayores de la familia.
Algunos autores (Fólguela, 1982; Páramo y Burbano, 2011) han señalado que la diferenciación entre sexos es producto de la distribución del espacio público, asociada a lo masculino y del espacio privado a la mujer. Sin embargo, se considera que la diferencia socioespacial aparece como resultado de las asignaciones históricas entre hombres y mujeres. En el libro El uso del espacio de la vida cotidiana (García, 1989) se argumenta, a través de algunos estudios, que el uso del espacio es consecuencia de una forma de estructura social, y se describe cómo las mujeres ocupan y hacen suyos la mayoría de los espacios públicos de la ciudad, trabajen o no, debido a sus diversas funciones familiares y domésticas, como, por ejemplo, llevar a los hijos a la escuela o ir al supermercado.
En 2020 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) estimó que, en México, 15.2 millones de mujeres viven en localidades rurales, lo que representa el 22.7% del total de las mujeres y el 11.8% de la población total del país. Algunos datos describen la situación diferenciada en el territorio rural; por ejemplo, en el caso la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, esta se mantuvo alrededor del 49% en zonas rurales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2020).
Por otra parte, la ENOE estima que, de la población ocupada femenina que habitan en poblaciones rurales, el 43.1% percibe solo hasta un salario mínimo, y el 13.8% no recibe ingresos, mientras que en las áreas más urbanizadas el 25.6% de las mujeres percibe hasta un salario mínimo y solo el 3% no recibe ingresos. Esto da pauta para empezar a debatir sobre la brecha existente entre áreas urbanas y rurales, y profundizar en el estudio de las mujeres en localidades en transición urbano-rural.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés: Food and Agriculture Organization), existen indicadores que reflejan desigualdad y una menor calidad de vida, comparada con la población urbana (FAO, 2018). En ese sentido, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (INEGI, 2021) ha estimado los niveles de satisfacción con la vida en los planos cultural, de salud, de seguridad y socioeconómico; respecto de este último, se registra que las personas en comunidades rurales están menos satisfechas en comparación con las áreas urbanas.
Por otro lado, las diversas carencias que tiene la población rural se ven reflejadas, principalmente, en la precariedad de sus viviendas (INEGI, 2020); este estudio no se concentra en ellas, sino en las condiciones socioeconómicas de las mujeres. En el caso particular de la vivienda, se puede entender de dos maneras, de acuerdo con Ortiz (2012): por un lado, como mercancía que se maneja bajo oferta y demanda, y por otro lado como un derecho humano y social. Por lo tanto, la vivienda adecuada pasa a ser un derecho para que mujeres y hombres se desarrollen digna y satisfactoriamente en lo personal, lo espiritual y lo social (Hernández y Treviño, 2018). De manera particular, para las mujeres es, como señalan Correa (2000) y Mellace (2000), el centro donde convergen familia, producción y trabajo.
Si bien es cierto que en algunos países como Tanzania se han realizado esfuerzos desde una visión macro, como proveer de créditos a las mujeres para el inicio de una pequeña empresa o actividad empresarial en conjunto con la OIT, y se ha visto que ha funcionado (OIT, 2005), además del ejemplo de Pakistán donde desde el gobierno se han intensificado las acciones y campañas para cerrar la brecha de la desigualdad a través de programas como la prevención del acoso laboral (Browne, 2019), que, sin duda, ha logrado disminuir este problema y, por consecuencia, ha incentivado el avance de las mujeres en los diferentes trabajos. Diversos autores, como Braverman y Kanbur (1987), Pugh (1996), Dirven et al. (2011), Gaudin (2019), y Dirven y Candia (2020), han señalado que lo rural siempre ha sido analizado desde la perspectiva urbana, lo que ha llevado a un sesgo totalmente urbano en cuanto a decisiones de asignación de recursos y aplicación de políticas.
La región de estudio es el estado de Tamaulipas, que se ubica al noreste de la República; tiene una población de 3,527.735 habitantes, y representa el 3% del total de la población del país. El 90.25% de su población es urbana (3,183,836 de habitantes), y está distribuida en 46 localidades con más de 2,500 habitantes. Se estima que, de las 1,009,451 viviendas totales del estado, poco más del 90% (909,747) corresponde a viviendas urbanas (INEGI, 2020). Sobresalen las ciudades de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Madero, Ciudad Victoria y Miguel Alemán, por tener instaladas zonas industriales (Treviño y Hernández, 2021).
En el caso del estado de Tamaulipas, Hernández y Treviño (2021) apuntan que:
no se había realizado en el estado, estudios similares que incluyeran la incorporación de resultados cualitativos propios de lo rural a la delimitación de las llamadas localidades rurales; es decir, ponderar otros aspectos, además del número de habitantes.
Se considera relevante contar con indicadores que permitan conocer las condiciones socioeconómicas en territorios no urbanos, para cualquier orden de gobierno, ya que son insumos para la construcción de lineamientos en materia de desarrollo regional, social y económico, así como para la generación de políticas públicas y programas de apoyo, en diferentes escalas, que contribuyan a generar territorios más justos, resilientes y sostenibles.
En el marco actual de la pospandemia se considera importante destacar que las personas, y en particular las mujeres y niñas de territorios rurales, tuvieron impactos diferenciados y con mayor complejidad durante la emergencia mundial de la covid-19; entre ellos: mayor desempleo y escasez de ingresos económicos (RIMISP, 2021). Por ello, y debido a las diferentes variables que se incorporarían, este trabajo se circunscribe al análisis antes de la pandemia. En este sentido, el objetivo de la investigación fue comparar las condiciones socioeconómicas entre mujeres y hombres que viven en comunidades rurales con 2,000 a 2,499 habitantes, mediante la elaboración de un indicador integrador, a través del método de promedios ponderados múltiples y considerando dos dimensiones de la calidad de vida rural: la económica y la social.
Para esta investigación se utilizó como fuente de información el Censo de Población y Vivienda que realiza el INEGI. El universo de análisis de este artículo fueron las mujeres en zonas de transición rural a urbana. De igual forma, en este análisis para cumplir con el objetivo propuesto de la investigación se realiza una comparación entre mujeres y hombres.
Se analizaron los datos estadísticos provenientes de las localidades en transición rural-urbana (población entre 2,000 y 2,500 habitantes) del estado de Tamaulipas, con información del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020) (Figura 1).
La metodología empleada para este trabajo fue la propuesta del modelo de desarrollo urbano sostenible de Leva (2005), utilizado por Torres, Adame y Jiménez (2013), que utiliza cuatro dimensiones, tres objetivas (hábitat, social, económica) y una subjetiva, mediante el cálculo de un indicador de calidad de vida socioeconómico (ICVS), el cual fue la base para la comparación entre las actividades socioeconómicas que desarrollan mujeres y hombres, para entender el comportamiento actual en las dimensiones social y económica, así como la posición que ocupan las mujeres en este contexto.
En este estudio se utilizaron solo dos dimensiones objetivas: a) dimensión social, que incluyó tres indicadores de educación: porcentaje de la población no analfabeta de quince y más años, porcentaje de la población con estudios posbásicos de dieciocho y más años, y grado promedio de escolaridad; b) dimensión económica, que incluyó tres indicadores: porcentaje de la población económicamente activa, porcentaje de la población ocupada, porcentaje de hogares jefas(es) de familia. Se consideraron solo estas dos dimensiones por estar directamente relacionadas con los objetivos del estudio, y porque con estos datos se puede generar una primera aproximación al cálculo del indicador integral. Por otra parte, no se encontró un análisis similar o metodologías propuestas para un análisis comparativo con perspectiva de género en comunidades rurales.
Los modelos de desarrollo urbano sostenible presentan tres diferentes alternativas metodológicas para el cálculo del indicador integral: construcción lineal, construcción ponderada simple y construcción ponderada múltiple. En esta investigación se utilizó el método de construcción ponderada múltiple, que implicó la propuesta de ponderaciones para cada indicador y cada dimensión elegida.
Los indicadores de cada dimensión se normalizaron mediante las siguientes expresiones matemáticas, que tienen como criterio que los indicadores positivos (1) a mayor valor mejor situación, y los negativos1 (2) a mayor valor peor situación
Donde:
Ix (+) = Indicador positivo.
Ix (-) = Indicador negativo.
X = Cualquier indicador.
Min X = Valor mínimo posible que puede tener el indicador simple.
Max X = Valor máximo posible que puede tener el indicador simple.
A cada uno de los indicadores seleccionados por dimensión se le asignó un peso relativo, considerando que las ponderaciones (p), en suma, por cada una de las dimensiones, deben arrojar como resultado uno (3).
En este paso, la asignación de las ponderaciones (p) sigue criterios sugeridos por la literatura revisada de autores y trabajos realizados, como Leva (2005) y Torres y Adame (2013).
El indicador de calidad de vida socioeconómico para cada dimensión se obtuvo al ponderar los indicadores simples que componen la dimensión. Se multiplicaron los valores estandarizados (denominados z) por su ponderación y se sumaron para el obtener el valor por dimensión.
Donde:
IDi = Indicador de calidad de vida socioeconómica en la dimensión i.
Iij = Indicador simple j en la dimensión i.
Pij = Ponderación de indicador j en la dimensión i.
Indicador de calidad de vida socioeconómica integrado
Los valores de cada dimensión estuvieron determinados por la sumatoria ponderada de cada indicador utilizado en cada una de las dimensiones. En tanto que, el ICVS obtuvo su valor de acuerdo con la suma ponderada de las dimensiones utilizadas, como se muestra en la siguiente ecuación:
Donde: ICVS = Indicador de calidad de vida socioeconómica.
IDi = Indicador de calidad de vida socioeconómica en la dimensión i.
PDI= Ponderación asignada en la dimensión i en el cálculo del ICVS.
Para el cálculo del indicador integrado socioeconómico por sexo se ponderó cada dimensión de acuerdo con la jerarquización determinada y se adecuó para el ámbito rural; se otorgó mayor peso a la dimensión social (0.60), ya que esta refleja las condiciones de educación que presentan los habitantes. A la dimensión económica se le asignó una menor ponderación (0.40), toda vez que, evidentemente, en esta dimensión falta mucho por hacer, en relación con el desarrollo y la diversificación de actividades productivas, particularmente para las mujeres.
Finalmente, se realizó una conversión de los valores cuantitativos a escala ordinal, basada en la propuesta desarrollada por Leva (2005), lo que permite una traducción del valor numérico a un valor cualitativo sencillo y de simple comprensión del dato numérico.
Se calculó un indicador integrado socioeconómico para mujeres y otro para hombres de las localidades en transición rural-urbana del estado de Tamaulipas, con información del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020); posteriormente se procedió a estandarizar los valores (Z) de los indicadores simples (IS) a su valor ordinal (VO), según clasificación de Leva (2005) de la región de estudio (Tabla 1).
Intervalo | Escala | Símbolo |
---|---|---|
80 a 100 | Muy buena | MB |
60 a 80 | Buena | B |
40 a 60 | Regular | R |
20 a 40 | Mala | M |
0 a 20 | Muy mala | MM |
[i] Fuente: Elaboración propia, adaptada de Leva (2005).
Por último, se compararon los indicadores integrados socioeconómicos de ambos sexos en localidades en transición rural urbana de Tamaulipas y con los indicadores integrados de las localidades en transición rural urbana del país, lo cual dio una aproximación de las condiciones actuales en materia socioeconómica de las mujeres en Tamaulipas, con respecto a los hombres que viven en sus mismas comunidades.
En 2020 en el país existían 1,033 localidades en transición rural urbana, distribuidas en 633 municipios diseminados en los 32 estados del país, con una población de 2,302,490 habitantes; de ellos, 1,176,850 eran mujeres (51.11%) y 1,125,640 hombres (48.89%), quienes representan el 8.53% de la población rural total y el 1.83% de la población total del país. A escala nacional en el ámbito social, el 92.62% de las mujeres y el 94.83% de los hombres mayores de quince años no son analfabetos; el 9.90% de las mujeres y el 9.46% de los hombres mayores de dieciocho años tiene estudios posbásicos; el grado promedio de estudios en las mujeres es 8.93 y en los hombres un 9.09. Además, en el ámbito económico, el 37% de las mujeres y el 62.57% de los hombres son económicamente activos; de ellos, el 99.17% de las mujeres y el 98.10% de los hombres se encuentran ocupados. Por último, el 28.415% de los hogares tiene jefatura femenina, y el resto, 71.59%, jefatura masculina (INEGI, 2020). A escala nacional se calculó el mismo indicador integrado utilizado en este estudio, con los indicadores simples utilizados en la metodología.
El resultado ordinal para las mujeres fue: en la dimensión social “Bueno” (62.34), en la dimensión económica “Bueno” (66.50), y el integrado “Bueno” (64.00); para el caso de los hombres en la dimensión social “Bueno” (63.50), en la dimensión económica “Muy Bueno” (82.14), y el integrado “Bueno” (70.95).
En Tamaulipas la población rural está integrada por 343,899 habitantes (9.75%) distribuidos en 6,520 localidades. El 5% de esta población rural (17,404) se encuentra en siete localidades (Figura 1) que pueden ser consideradas en transición rural-urbana, por tener entre 2,000 y 2,499 habitantes (Tablas 2 y 3). En ellas se ubica poco menos del 10% (99,704) de las viviendas estatales.
[i] Fuente: Modificado a partir de INEGI (2020).
[i] Fuente: Modificado a partir de INEGI (2020).
El 49% de la población rural de Tamaulipas (8,637) está compuesto por mujeres, lo cual representa una relación hombre - mujer aproximada de 101 hombres por cada 100 mujeres, y significa un equilibrio en la población por sexos.
En la Tabla 4 se encuentran los indicadores utilizados para el estudio, que, en la dimensión social, en relación con los indicadores de educación, señala que la población total mayor de quince años no analfabeta es de 16,693 habitantes (95.91%), de los cuales el 48.21% (8,193) está formado por mujeres, y el 51.79% (8,500) por hombres. Esta ligera diferencia entre indicadores por sexo permite ver que, para el año 2020, las mujeres se han ido superando en este rubro.
[i] Fuente: Modificado a partir de Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020).
Con respecto al indicador de la población de mayores de dieciocho años con estudios posbásicos, se tienen 3,527 habitantes, lo que representa el 20.3% de la población total; de ellos, el 10.1% (1 752) está compuesto mujeres y el 10.2% (17,75) por hombres. La diferencia entre hombres y mujeres es mínima, lo que indica que las mujeres mantienen el mismo nivel de estudios posbásicos que los hombres, según los datos del último conteo de población y vivienda.
En la misma dimensión social, en el indicador de escolaridad de los habitantes de estas localidades, el grado promedio fue de 8.3 años, y las mujeres presentan una mayor escolaridad (8.4 años) respecto de los hombres (8.1 años). Esto difiere d lo registrado por Andrade y Chavarría (2012), quienes señalaron que existía una brecha importante en cuanto a las oportunidades escolares para mujeres y hombres en áreas rurales. En este sentido, los resultados muestran un cierre en esta brecha. Esto pudiera explicarse por el reconocimiento en la última década en el mundo, y en particular en la región de América Latina y el Caribe, de la importancia del territorio rural y el mejoramiento de la calidad de vida de su población, lo que sitúa a la mujer en el centro, para mejorar sus condiciones de vida y minimizar su vulnerabilidad, como cabeza de familia, en el contexto de los procesos de migración que durante años ha existido del campo a las ciudades en México, y para Estados Unidos, particularmente de los varones jóvenes. Lo anterior ha redundado en mayores programas de apoyo para las mujeres (Fernández, 2019).
Es importante resaltar que los datos analizados corresponden solo a personas que habitan en localidades en transición rural-urbana, lo que no solo se refleja en el mayor número de habitantes, sino también en mejores condiciones en cuanto a equipamiento e infraestructura. Algunas de estas localidades generalmente cuentan con más escuelas de nivel básico e incluso de nivel medio superior, lo que facilita la accesibilidad de niñas y jóvenes.
En la dimensión económica se tomaron en cuenta tres indicadores, el primero el de población económicamente activa (pea), que se refiere a aquellas personas en edad y condiciones de ejercer actividades laborales, que son en total 7,950 habitantes, y representan el 46%, de ellos el 33.20% (2 641) mujeres y el 66.78% (5 309) hombres, lo cual revela que hay más hombres que mujeres en edad y condiciones de trabajar. Para complementar la información del indicador anterior, se observa que el 98.8% del total de la población económicamente activa (7,855) se encontraba ocupada; es decir, laborando o desarrollando un trabajo. Del total de mujeres económicamente activas, el 99.5% (2 627) estaba ocupada, mientras que el 98.5 (5 228) de los hombres económicamente activos se encontraba ocupado; es decir, aunque el número de mujeres económicamente activas es menor que el de los hombres, casi la totalidad de ellas estaba ocupada.
El tercer indicador es el de hogares y su jefatura de familia, el cual arroja que existen 5,517 hogares, en el 25% (1,380) de ellos las mujeres son jefas de hogar, y en el 75% (4,137) son los hombres. Este es un dato revelador en diversos aspectos; el que la mayoría de los hombres estén como jefes de hogar muestra que se requiere más impulso a las mujeres para que se logre nivelar este indicador en las localidades en transición rural urbana del estado de Tamaulipas.
La aproximación ordinal pretende describir de una forma sencilla las condiciones socioeconómicas de mujeres y hombres en las localidades de estudio; los valores de: “muy bueno”, “bueno”, “regular” y “malo” muestran el desempeño dentro de la dimensión, y pueden considerarse en relación con políticas públicas (como Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Desarrollo Urbano y Vivienda, Derecho a la Educación).
Para el caso de un indicador que obtenga “muy bueno” es que sí se han implementado políticas o programas que han funcionado, y que pudieran replicarse; por el contrario, el valor ordinal de “malo” significaría que no se han implementado políticas o programas, o, en caso de que los hubiera, es que estos no han funcionado; es decir, un “foco de atención” para el diseño o implementación de programas o estrategias.
En la Tabla 5 se aprecia que, después del análisis, se tiene un valor total para la dimensión social de 61.97, que significa que en esta dimensión el estado de desarrollo de las mujeres es “bueno”. Para la dimensión económica, se alcanzó un valor de 64.38, que significa en valor ordinal un desarrollo “bueno” para las mujeres. Realizando la comparación con los resultados a escala nacional´, las dos dimensiones tienen el mismo valor ordinal de “Bueno”, aunque los resultados cuantitativos estuvieron por debajo de lo nacionales.
[i] Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2020).
Al calcular el indicador socioeconómico integral para el desarrollo de las mujeres, se obtuvo un valor de 62.93, lo cual sugiere un desarrollo “bueno” de las mujeres en estas dimensiones (Tabla 6). Comparando el resultado con el valor a escala nacional, se observa que el indicador integrado de las localidades en transición rural urbano para el estado de Tamaulipas es el mismo a escala nacional, aunque en valor cuantitativo está por abajo del nacional.
Género | Dimensión |
Ponderación (P) |
Indicador Dimensión (ID) |
P*ID | Valor ordinal |
---|---|---|---|---|---|
Mujeres | Social | 0.60 | 61.97 | 37.18 | |
Económica | 0.40 | 64.38 | 25.75 | ||
Global | 1.00 | 62.93 | B |
Este resultado indica que en ambas dimensiones las condiciones para las mujeres que habitan en localidades rurales de Tamaulipas se consideran consistentes con el desarrollo económico de la zona, el cual ha sido creciente en los indicadores seleccionados para este análisis, aunque en los indicadores simples, como el de mujeres mayores de dieciocho años con estudios posbásicos y hogares con jefatura femenina, se logra apreciar que existe una imperante necesidad de reforzar políticas públicas que apoyen e impulsen que las mujeres sigan estudiando, lo que, por ende, se verá reflejado no solo en el incremento de este indicador, sino también en otros directamente relacionados con la mejor educación, como la obtención de empleo y, en consecuencia, un mejor salario familiar y mejores condiciones de vida.
En la Tabla 7 se observa que se tiene un valor total ordinal para la dimensión social de 62.09, que significa que el desarrollo de los hombres en esta dimensión es “bueno”, y para la dimensión económica se alcanzó un valor de 84.21, que revela un desarrollo “muy bueno” para los hombres.
[i] Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2020) .
De acuerdo con estos datos, los hombres presentan un mejor desarrollo económico con respecto a las mujeres. Y estos resultados, comparados con los datos nacionales, resultan con el mismo valor ordinal, pero en la dimensión económica el valor cuantitativo de las localidades en transición del estado de Tamaulipas es ligeramente mayor.
Con respecto al cálculo del indicador socioeconómico integral para el desarrollo de los hombres, se obtiene un valor de 70.94, lo cual indica un desarrollo “bueno” en esta dimensión (Tabla 8). Este resultado es el mismo que el de las localidades en transición rural urbana a escala nacional, tanto en el valor ordinal como en el cuantitativo.
Género | Dimensión |
Ponderación (P) |
Indicador Dimensión (ID) |
P*ID | Valor ordinal |
---|---|---|---|---|---|
Hombres | Social | 0.60 | 62.09 | 37.25 | |
Económica | 0.40 | 84.21 | 33.68 | ||
Global | 1.00 | --- | 70.94 | B |
Aunque el resultado ordinal del índice socioeconómico resulta con evaluación de “bueno”, en el caso de los hombres se observa que en la dimensión económica tienen una evaluación de “muy buena”, ya que sus indicadores simples están por encima de la media nacional; sin embargo, este resultado se ve afectado, debido a que los indicadores simples en el ámbito social, como hombres mayores de dieciocho años con estudios posbásicos y con grado de estudios es “muy bajo”; es en este caso donde se considera pertinente subrayar que es necesario generar mayores programas en materia de fomento de la educación en el ámbito rural, para motivar y apoyar a los habitantes para continuar sus estudios, lo que redundará en una mejora en las condiciones de vida de ellos, como ya ha sido señalado.
En resumen, el análisis sobre el desarrollo socioeconómico de las mujeres da por resultado que para la dimensión social, el valor ordinal es “Bueno”; esto se puede explicar porque el indicador simple de porcentaje de mujeres mayores de quince años no analfabetas es alto (mayor del 90%); sin embargo, es necesario resaltar que el indicador simple con porcentaje más bajo en esta dimensión (10.1%), es el de mujeres mayores de dieciocho años con estudios posbásicos, y se encuentra por debajo de la media nacional (31.62%), lo que significa que, al aumentar el nivel de estudios de las mujeres mayores de dieciocho años, mejoran sus condiciones sociales.
Con respecto a la dimensión económica de las mujeres, el resultado en valor ordinal es “Bueno”; en este caso el indicador simple que influye positivamente es el de porcentaje de mujeres ocupadas (más del 95%), donde casi la totalidad de las mujeres que se encuentran en edad económicamente activa están ocupadas desarrollando un trabajo remunerado; el indicador que influye de forma negativa en la dimensión es el de hogares con jefatura femenina (25%). Este indicador refleja un incremento con respecto a años anteriores; sin embargo, está por debajo de la media nacional, que es del 33%. Aquí se observa un área de oportunidad para el desarrollo de políticas públicas para el apoyo a estos hogares, ya que se puede interpretar que en los hogares con jefatura femenina las mujeres tienen una mayor carga de funciones, no solo en el trabajo productivo, sino también en las tareas domésticas y en los cuidados.
Buendía y Carrasco (2013) afirman que la participación de las mujeres en el ámbito rural encuentra limitaciones, particularmente en el mercado de trabajo, debido a factores socioeconómicos que obstaculizan su desarrollo en distintos ámbitos; además, indican que el crecimiento del sector rural necesita transformarse para que las mujeres tengan una función importante dentro de este proceso, dándoles las herramientas necesarias para que se desarrollen en la economía de su territorio.
Esto se puede observar en los indicadores simples de la dimensión económica de las mujeres, donde solo el 33% de ellas es económicamente activo, y de estas se encuentran ocupadas en el 95%, pero no con las remuneraciones económicas adecuadas, o en lo que se denomina subempleo, pues en su mayoría realizan trabajos de limpieza en otros hogares, o como apoyo al jefe de familia (trabajo no remunerado).Por otra parte, el indicador socioeconómico integral para el desarrollo de las mujeres en estas localidades indica un desarrollo “Bueno”; este indicador está relacionado directamente con las dimensiones social y económica, como se explicó anteriormente.
Lo anterior coincide en buena medida con expuesto por Bedoya y Velásquez (2020), quienes indican que el nivel de estudios de las mujeres rurales tiene una función importante para conseguir empleo, pues a mayor educación más probabilidades de ingresar al mercado laboral (19.5%), ya que, mientras mejor calificadas se encuentren, mayor espectro de opciones tendrán para conseguir empleos que potencialicen sus capacidades, además de mejorar su calidad de vida y, por consiguiente, elevar su productividad.
Haciendo una comparación de resultados entre mujeres y hombres en cuanto a indicadores simples por dimensión y por indicador socioeconómico, se observa que, aunque el indicador socioeconómico resulta con la misma clasificación ordinal de “Bueno”, es evidente que en la dimensión económica los hombres tienen una mejor calificación que las mujeres, con un valor “Muy bueno” de los hombres contra un “Bueno” de ellas; esto se debe principalmente a que, en el indicador de hogares según tipo de jefatura, los hombres siguen predominando, aunque el aumento de mujeres jefas de familia sigue creciendo año tras año, lo que implica un reto para la política pública en materia de programas y apoyos focalizados en mujeres jefas de familia.
Por otra parte, aunque en la dimensión social ambos sexos obtuvieron clasificación de regular, se observa que las mujeres han alcanzado a los hombres, y en algunos indicadores los han sobrepasado; además, las tendencias indican que seguirán en este sentido (Tabla 9).
[i] Fuente: Elaboración propia con datos modificados del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2000, 2005, 2010, 2020).
Los resultados aquí presentados describen una aproximación a las condiciones socioeconómicas de las mujeres y hombres que viven en localidades rurales en Tamaulipas, lo cual fue evaluado en forma ordinal como “bueno” para ambos sexos; ello lleva a reflexionar sobre las diversas políticas públicas generadas a diferentes escalas, y sobre todo sobre la necesidad de generar instrumentos metodológicos para su aplicación no solo en las zonas urbanas, sino también en los territorios rurales, y generar insumos que se puedan utilizar para el diseño de políticas públicas, programas de apoyo o lineamientos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población más vulnerable.
Es un hecho que, para disminuir las brechas y las desigualdades entre hombres y mujeres en el territorio, se requiere en principio conocer las particularidades de cada ámbito, para identificar áreas específicas de atención, y que la política pública incida directamente en la mejora de las condiciones de las personas, y en particular de las mujeres que habitan estos territorios.
En el ámbito social se concluye que se han hecho algunos esfuerzos para mejorar sus condiciones, como apoyos a las mujeres en la educación; se requiere fortalecer las políticas públicas en las diferentes escalas, y generar programas para las áreas rurales y en transición, no solo a niñas y jóvenes. También estos programas deben tomar en cuenta las interseccionalidades presentes; por ejemplo: mujeres jóvenes madres de familia, mujeres indígenas, mujeres con alguna discapacidad, entre otras, y con perspectiva intergeneracional. Además sse requiere el diseño de programas que fomenten y apoyen la continuidad de los estudios, para que ellas puedan realizar estudios posbásicos, y si es posible continuar hasta el nivel universitario o, al menos, aprender algún oficio o el desarrollo de pequeños negocios. Estas acciones contribuirán positivamente al crecimiento del indicador de la dimensión social, y por ende al aumento de la evaluación del indicador socioeconómico de la mujer.
En el ámbito económico se llega a la conclusión de que, con respecto al indicador de hogares con jefatura femenina, este abre un área de atención prioritaria para apoyar a estos hogares en los que la mujer está al frente, no solo económicamente sino también en las otras actividades del hogar y de cuidados que no son visibles y tampoco son remuneradas, y la mayor parte de las veces son detonadores para que ellas dejen de estudiar o se les dificulte incorporarse a la cadena productiva. En este sentido, impulsar equipamientos como guarderías para los hijos de las mujeres que trabajan, escuelas con horario ampliado e incentivos económicos a las mujeres jefas de familias, son algunas de las propuestas que pueden apuntalar su desarrollo.
Finalmente, es importante señalar que el análisis presentado es una aproximación que pretende ser una base para la generación de metodologías más robustas que conduzcan a resultados más cercanos a la realidad, y que incorporen otros elementos espacio-funcionales al análisis de la calidad de vida rural, y que finalmente estos resultados puedan derivar en un conocimiento más amplio de estos territorios y que coadyuven a generar propuestas para reducir las desigualdades socioterritoriales.
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